La Xunta lamenta que la Ley del Sistema Universitario sea una oportunidad perdida para su reforma y adaptación al futuro

El secretario general de Universidades de la Xunta de Galicia, José Alberto Díez de Castro, participó esta mañana en la Conferencia General de Política Universitaria, en la que se analizó el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Un texto que, tal y como explicó el representante gallego, es una oportunidad perdida para acometer una reforma real y una adaptación de estas instituciones académicas al futuro.

En este sentido, el representante de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad señaló como primer error la indefinición y la vaguedad en el proceso de elaboración del texto por parte del Ministerio de Universidades, quien primero hizo una consulta inicial, sin centrar temas de debate e interés, y que después elaboró y aprobó en Consejo de Ministros un proyecto sin diálogo con las comunidades autónomas, el principal pilar de la financiación de las universidades.

En este sentido, Díez de Castro señaló que esta forma de proceder generó el rechazo unánime de todas las partes implicadas. En cualquiera caso, la Consellería remitirá cerca de un ciento de enmiendas al texto, de cara a su consideración.

El secretario general de Universidades insistió en que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario debe ser un texto con vocación de permanencia, que dote a esta institución académica, clave para el desarrollo de una sociedad avanzada, de una estabilidad normativa necesaria al margen de los cambios políticos y sociales. “Debe ser un texto que aborde con ambición todas las mejoras que los diferentes agentes implicados llevan dos décadas planteando y que nos permita solucionar problemas estructurales que se vienen arrastrando”, dijo. “En definitiva, la Universidad merece una ley elaborada por consenso y aprobada por mayoría”, incidió.

Sin memoria económica real

Respeto de la financiación universitaria, el representante de la Xunta de Galicia explicó que, tras el proceso de elaboración, el primer error del texto es la ausencia de una memoria económica real en la que se cuantifiquen los costes asociados a la puesta en marcha de las medidas previstas, “lo que supone otro escollo a la hora de valorar la efectividad de la reforma y la posibilidad real de cumplir con sus determinaciones”.

A este respecto, lamentó además que no se tenga en cuenta a las comunidades autónomas, de las que las universidades tienen una fuerte dependencia económica. “En este apartado era imprescindible una negociación con los gobiernos autonómicos ya que, en la práctica, los deberes impuestos en la norma recaerán en las disponibilidades presupuestarias de las comunidades”, señaló.

Aunque el texto incluye cuestiones positivas, como la determinación de una estructura de financiación que ya cumple el plan gallego en la actualidad y la obligatoriedad de desarrollar una contabilidad analítica, la redacción renuncia a fijar una estructura común para todas las CCAA.

Gobernanza

Finalmente, el secretario general de Universidades lamentó la indefinición del texto en lo relativo a la gobernanza, proponiendo dos sistemas alternativos para la elección de los rectores, lo que es una doble falsa posibilidad y además no se asemeja a la evolución del modelo de elección adoptado por otros países.

Asimismo, señaló que el anteproyecto queda obsoleto en el referido a la investigación, dado que sigue haciendo referencia solo a los institutos, a pesar de que las estructuras de investigación han evolucionado de forma muy considerable en las últimas dos décadas.