La Xunta se suma al rechazo de toda la comunidad universitaria a la nueva ley Castells

El secretario general de Universidades, José Alberto Díez de Castro, participó hoy por videoconferencia en la Conferencia General de Política Universitaria, en la que se analizó el texto de la nueva ley de universidades. El representante de la Xunta de Galicia lamentó que el proceso de elaboración de esta norma esté cosechando el rechazo de toda la comunidad universitaria, “que no reconoce el texto como suyo”, una valoración en la que coincide el Gobierno gallego.

A este respeto, el secretario general explicó que el texto “carece de ambición, puesto que no afronta las reformas que, durante décadas, fueron demandados por los más diversos foros. Esto es, una oportunidad perdida”.

Centros y estructuras

Entre otros aspectos Díez de Castro hizo hincapié en dar pasos modernizadores en lo que se refiere a los centros y estructuras universitarias, dado que la nueva ley no recoge la evolución que de facto se dio en las últimas décadas y no aborda su rigidez. Tampoco recoge realidades como la de los centros de investigación y consorcios de investigación, que quedan en el limbo en esta nueva ley.

“Desde la Xunta apostamos, precisamente, por avanzar hacia la flexibilización de estas estructuras y a la especialización de las mismas”, señaló el secretario general, refiriéndose especialmente a las estructuras de investigación, “cuyo marco jurídico hay que modernizar, ordenar y desarrollar”. “Si se quiere contribuir a la mejora continua del sistema de I+D+i del sistema universitario, es necesario emprender este camino”, añadió.

Asimismo Galicia demanda la puesta en marcha de un procedimiento para la acreditación de las estructuras de investigación, que reconozca su excelencia y sostenibilidad.

Financiación

En lo que respecta a la financiación de las universidades, el representante del Gobierno gallego lamentó que la ley no fije un marco común para todas las comunidades autónomas y mantengan 17 sistemas diferentes. “Se pierde una oportunidad para retomar el intento serio que hubo en 2010 de conseguir una estructura común estatal para el sistema de financiación”, dijo. Asimismo, destacó la falta de diálogo con las CCAA, que son las que sostienen la financiación de las universidades.

Aun así, Díez de Castro destacó que la estructura de financiación que propone la ley en su exposición de motivos (financiación estructural, por objetivos y necesidades singulares) ya se está aplicando en Galicia, así como el principio de suficiencia financiera.

A este respeto, el secretario general puso en valor el consenso conseguido en la elaboración del Plan de Financiación Universitaria de Galicia 2022-2026, un documento acordado entre las partes que movilizará más de 3.200M€ en el próximo quinquenio, la mayor aportación de la historia de la Xunta de Galicia a las universidades públicas.

Gobernanza y consejos sociales

En materia de gobernanza a nueva ley vuelve al mismo punto de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) de 2007, lo que supone una renuncia total a objetivos ambiciosos. En este sentido, el representante de la Xunta de Galicia demandó una reflexión sobre cómo se están desarrollando estos procesos en diferentes países europeos.

Por otra parte Díez de Castro reclamó una reflexión más profunda sobre cuestiones como los cambios referidos al papel de los consejos sociales, “que van en contra de la racionalidad y de la modernización”.

Hace falta señalar que los consejos sociales son los órganos encargados de fiscalizar la actividad de la universidad y garantizar la rendición de cuentas a la sociedad. “La dependencia jurídica y de gestión económica de la universidad, así como la presencia mayoritaria de la propia universidad en el Consejo Social que propone la ley anula cualquier labor de supervisión”, señaló el representante de la Xunta de Galicia. El secretario general destacó que lo más grave es que el Ministerio de Universidades ignorara la opinión de la Conferencia de Consejos Sociales, que manifestó su descontento con la nueva ley.