Galicia impulsa el Contrato de Vida Digital para reforzar y facilitar la corresponsabilidad en el uso de la tecnología entre alumnado, familias y centros
El conselleiro de Educación presentó esta nueva herramienta desarrollada al amparo del Plan de bienestar digital en víspera del Día Contra el Acoso Escolar
Román Rodríguez destaca la importancia de "trabajar de manera coordinada y dialogada" para promover los hábitos responsables ante el uso de dispositivos digitales
El contrato, que es voluntario, promueve acuerdos colectivos con cláusulas específicas para cada una de las partes en pro de un manejo digital responsable y seguro
El alumnado se compromete a no compartir imágenes e información de terceros sin su consentimiento, respetar los horarios de desconexión pactados, hacer un uso correcto de la IA o a informar a su tutor si recibe mensajes que le causen miedo o vergüenza
Las familias que lo suscriban deberán establecer límites en los tiempos de uso y acompañar a sus hijos en el empleo de las tecnologías
Los centros docentes ofrecerán información idónea y fomentarán el espíritu crítico
La Xunta de Galicia presenta en vísperas del Día Internacional Contra el Acoso Escolar el nuevo Contrato de Vida Digital, una iniciativa pionera orientada a promover un uso responsable de la tecnología entre el alumnado gallego a través de la implicación directa de las familias y de los centros educativos.
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó hoy el Instituto de Pontepedriña, en Santiago de Compostela, para dar a conocer esta nueva herramienta desarrollada al amparo del Plan de bienestar digital y que forma parte del amplio abanico de medidas impulsadas por la Consellería para afrontar los retos y desafíos del uso de las tecnologías en el ámbito educativo y mejorar la convivencia. De hecho, en este instituto compostelano se llevó a cabo, de manera simbólica, la primera firma del contrato entre un alumno, su padre y el centro.
El contrato que, según explicó Román Rodríguez, “es de carácter voluntario”, se basa en un modelo de corresponsabilidad en el que alumnado, familias y profesorado adquieren compromisos compartidos para regular el uso de los dispositivos electrónicos, especialmente fuera del horario escolar. Su aplicación se realizará a través de los tutores, que ofrecerán este acuerdo a las familias con la finalidad de lograr la adhesión conjunta de todo el alumnado de una misma aula.
Compromiso compartido y colectivo
Román Rodríguez destacó que el éxito de esta iniciativa dependerá de una implicación coordinada de toda la comunidad educativa. Precisamente, al tratarse de una herramienta pensada para adquirir un compromiso colectivo y compartido, “se busca facilitar a las familias la tarea de control, ofreciendo un marco común que reduzca las dificultades individuales a la hora de establecer normas”, explicó el conselleiro.
Una mayor concienciación sobre los dispositivos digitales y la forma en la que se emplean genera un mayor bienestar y, en consecuencia, una mejor convivencia. En ese sentido, se trata de una medida que también contribuye a mejorar la prevención del ciberacoso, una lacra que exige la tolerancia cero por parte de toda la sociedad y cuyo día se conmemorará precisamente este sábado.
Así pues, el Contrato de Vida Digital se articula como una herramienta práctica que traslada al día a día el compromiso colectivo por un uso consciente, equilibrado y seguro de la tecnología. Con esta medida, Galicia avanza hacia un modelo educativo que no solo incorpora la digitalización, sino que también garantiza el bienestar y la protección del alumnado en un contexto de transformación constante.
Además, el programa incluye un seguimiento del uso de la tecnología y acciones formativas dirigidas a las familias, con el fin de mejorar el acompañamiento educativo en el ámbito digital. De este modo, se pretende que los menores asuman también un papel activo, basado en la responsabilidad y en la autorregulación de su comportamiento.
Cláusulas para cada parte
El Contrato establece una serie de obligaciones y cláusulas adaptadas a cada una de las partes implicadas, tal y como explicó el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidade de Santiago de Compostela, José Julio Fernández, que fue el encargado de presentar de manera pormenorizada el contenido del mismo. No en vano, Fernández, que también ocupó el cargo de Valedor do Pobo, formó parte del grupo de trabajo que diseñó el Plan de bienestar digital que incorpora este contrato, en el que participaron reconocidos expertos de los ámbitos de la docencia, de la pedagogía, de la psicología, de la tecnología y de la medicina.
En el caso del alumnado adherido al mismo, se compromete a emplear los dispositivos digitales de manera segura y responsable y a no compartir fotos, vídeos o información de terceros sin permiso explícito. También deberá mantener un lenguaje respetuoso en las redes, sin difundir insultos ni rumores humillantes, respetar los horarios de desconexión acordados, no usar la inteligencia artificial de manera fraudulenta e informar al tutor si recibe mensajes inapropiados que le generen miedo o vergüenza.
En lo que atañe a la familia, esta se compromete a establecer límites en los tiempos de uso, acompañar al alumno en el empleo de la tecnología y comunicar al centro las incidencias que puedan detectar.
Por parte del centro docente, este se compromete a ofrecer formación adecuada sobre el uso seguro de la tecnología, fomentar el espíritu crítico, promover plataformas y herramientas educativas con garantías y mantener protocolos de actuación frente al ciberacoso. También deberá garantizar la confidencialidad de las comunicaciones ligadas a este contrato.
Tanto el período de vigencia del contrato como las consecuencias de su incumplimiento las establecen el centro y las familias y quedarán recogidas en el anexo del propio contrato en el momento de su firma por todas las partes.
Medida integrada en una estrategia más amplia
El Contrato de Vida Digital se enmarca dentro del Plan de Benestar Dixital 2030, que cuenta con una inversión de 7,4 millones de euros y que apuesta por un equilibrio entre el uso de la tecnología, la salud emocional y el desarrollo personal del alumnado. Este plan incluye, entre otras acciones, programas de desconexión, alfabetización mediática e iniciativas para comprender el impacto de la inteligencia artificial.
Conviene recordar que, además del mencionado catedrático Julio Fernández, en el diseño de este plan participaron profesionales de renombre como Antonio Rial Boubeta, profesor del Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía de la USC; Susana Rey García, médico pediatra y presidenta de la Sociedade de Pediatría de Galicia; María Dolores Fernández Tilve, profesora del Departamento de Pedagoxía e Didáctica de la USC; Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia; Susana Lamela, orientadora del Colexio As Veigas de Ponteareas, y Marta Barrios, especialista del Equipo de Orientación Específico de Lugo, entre otros.
Asimismo, la Xunta tiene en exposición pública el Anteproyecto de la Ley de Educación digital de Galicia, un marco normativo pionero a nivel estatal que reforzará la protección del alumnado frente a los usos indebidos de la tecnología, integrando aspectos clave como la protección de datos y el uso ético de las herramientas digitales.
Además, el Gobierno gallego está intensificando las actuaciones a favor de la buena convivencia en los centros educativos. Lo hace a través de un amplio abanico de iniciativas del Plan integral contra el acoso y el ciberacoso escolar como la actualización del Protocolo para la prevención, detección y tratamiento de los posibles casos; la instalación de Puntos Naranja de denuncia, la creación de los llamados Equipos ACAE, integrados por profesorado para intervenir ante la mínima sospecha; el lanzamiento del Termómetro de Alerta Escolar, que cualquier centro puede activar en cualquier momento para detectar problemas de convivencia, o la puesta en marcha de la nueva Red de Concellos contra el Acoso Escolar, con el fin de fortalecer la coordinación entre instituciones para la sensibilización, prevención y actuación.